Situación Ambiental de Venezuela 2012 como antecedentes para analizar en el 2016 con enfoque revolucionario y no esperar otra crisis ambiental.

Situación Ambiental de Venezuela 2012 como antecedentes para analizar en el 2016 con enfoque revolucionario y no esperar otra crisis ambiental. •Incremento en la contaminación atmosférica en los principales centros urbanos, producto principalmente de las emisiones de fuentes móviles, cuyos sistemas de supervisión y control parecen haberse debilitado en los distintos municipios de las principales capitales. Al congestionamiento vehicular se une la falta de planes integrales de transporte público eficiente y no contaminante, que estimule la renovación de las unidades y la ordenación del tránsito terrestre. Vale destacar que el parque automotor de transporte colectivo, tiene un promedio de operación de 15 años. •Inapropiado manejo de los residuos y desechos sólidos (principalmente domésticos), tanto desde la fuente como en los sistemas de transporte, tratamiento y/o disposición final, en particular dentro de las grandes ciudades. Especial preocupación existe por la cantidad de vertederos y botaderos que proliferan en el país, manejados sin criterios sanitarios ni ambientales, así como la cantidad de desechos que continúan siendo dispuestos sin el debido tratamiento final. El reciclaje continúa siendo una panacea pues su acción no alcanza ni 10% del total de los residuos producidos en el país. Expertos también reportan la utilización de algunas playas del Estado Vargas como botaderos de material de escombros de construcción con la aparente aprobación o permiso por parte del gobierno local. •Vertidos de hidrocarburos a cuerpos de agua, como el derrame en el Río Guarapiche en el estado Monagas, o el de las proximidades de la comunidad Guepe al sur del estado Anzoátegui. Vale destacar que según cifras oficiales en el 2011 ocurrieron 4.052 derrames, entre hidrocarburos y vertidos de otras sustancias químicas. Esa cifra supone un incremento de 69,33% con respecto a los 2.393 derrames registrados en el 2010. A ello deben sumarse las emisiones tóxicas derivadas de la explosión en la Refinería de Amuay en el Edo. Falcón. •Mal manejo fitosanitario de árboles urbanos en las principales ciudades del país, incluyendo la realización de podas severas inapropiadas, y pérdida de árboles por enfermedades, stress hídrico o exposición a agentes contaminantes atmosféricos. Destaca, en ciudades como Maracaibo, la sustitución de la flora autóctona urbana por plantas de rápido crecimiento como el Nim, afectando principalmente a la avifauna local. •Derroche de agua y energía eléctrica como prácticas habituales de la ciudadanía, pese a las crisis de los sectores energético e hídrico. Los esfuerzos educativos, informativos, persuasivos y coercitivos en esta materia, parecen no haber logrado los resultados esperados. 9 •Mal manejo de especies domésticas, en particular el descontrol que existe en cuanto al inventario de estos animales a nivel municipal, su control veterinario y el retiro de animales atropellados en las calles, avenidas y autopistas, este último considerado como crítico. La Ley de Animales Domésticos se cumple poco y no es conocida por la colectividad. •Pocos esfuerzos en materia educativa ambiental, que formen en valores a la ciudadanía y promueva nuevas actitudes en favor de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Muchos de los esfuerzos desarrollados en el período evaluado se articulan más en campañas publicitarias que educativas, olvidando la necesidad de permanecer en el tiempo para lograr los cambios de conducta necesarios en la materia, a los fines de abordar y resolver los principales problemas ambientales que afectan al país. •La basura electoral constituyó un componente de preocupación para la ciudadanía, dado el poco o ningún compromiso por parte de los candidatos de las diferentes opciones partidistas para su recolección y posible reutilización, incluyendo la afectación de las áreas públicas con grafitis, murales, pendones y afiches usados en forma desproporcionada, afectando las áreas públicas. •La basura proveniente de la promoción de espectáculos, también ha incrementado notoriamente el deterioro del paisaje urbano. Muchas de estas pancartas o pendones no son retirados al finalizar los eventos, afeando las ciudades, contaminando el ambiente y desaprovechando materiales que pudieran ser reutilizados o reciclados. •Anarquía en el subsector de motos dentro del sistema de transporte público con emisiones atmosféricas y sonoras sin control, incluyendo el uso inapropiado de las vías que contribuyen al caos vehicular de las principales ciudades, el irrespeto a la normativa vigente y su peso específico en los altos niveles delincuenciales. •Carencia de planes y estrategias eficientes que permitan conocer, comprender, manejar y generar los mecanismos para minimizar los impactos del cambio climático e impulsar las medidas de adaptación. La segunda Comunicación sobre Cambio Climático, así como el plan y la estrategia nacional para mitigar sus efectos y desarrollar los mecanismos de adaptación, siguen siendo una deuda con el país. •Pocos esfuerzos en la planificación, monitoreo y conservación de las áreas protegidas, cuyos planes de ordenamiento y manejo se encuentran desactualizados en su mayoría, sin programas a mediano y largo plazo que aseguren su conservación a perpetuidad. •Amenaza de afectación de linderos de los Parques Nacionales con proyectos urbanísticos, como fue el caso del P.N. Los Médanos (Falcón), que contó con la valiente negación de los funcionarios medios de INPARQUES. •Debilitamiento de la función de guardería ambiental y de control, con pocos operativos visibles y ejemplarizantes para controlar el comercio ilegal de flora y fauna en las carreteras y en las grandes ciudades, así como la ocupación espontanea de áreas protegidas, el desarrollo de proyectos urbanísticos sin las evaluaciones de impacto ambiental, la extracción de biodiversidad de las áreas naturales y el incumplimiento de las normas ambientales vinculadas a las actividades capaces de degradar el ambiente. •Persistencia del comercio ilegal de animales y plantas silvestres, especialmente en las carreteras de San Felipe (Yaracuy), Barlovento (Miranda), Morón (Carabobo), Chichiriviche (Falcón), Píritu (Anzoátegui), y las áreas del Delta del Orinoco (Amacuro) y Guayana (Bolívar). •Mal manejo de residuos y desechos electrónicos, considerados como peligrosos. Las empresas comercializadoras no informan apropiadamente ni estimulan a sus clientes a disponerlos al final de su vida útil, pese a que algunas de ellas poseen estrictos controles que les obligan a actuar con mayor responsabilidad en otros mercados internacionales. •Mal manejo de medicinas vencidas, consideradas como peligrosas. Las empresas productoras y comercializadoras deben impulsar el desarrollo de campañas de retorno de los medicamentos una vez vencidos, bien sea a las farmacias o a los laboratorios. •Proliferación de sistemas de generación de energía eléctrica altamente contaminantes operados con diesel y/o gasoil, aunado al poco incentivo e inversión para impulsar el uso de energías limpias y/o renovables, como la eólica, undimotriz y solar. •Mal manejo de vectores, que ha traído como consecuencia la proliferación de enfermedades metaxénicas que pueden transmitirse de otros animales a seres humanos (zoonosis), o entre los seres humanos a través de insectos u otros animales (zooantroponosis), las cuales deben tratarse como un problema sanitario y ambiental, y que ha afectado a un grupo importante de la ciudadanía. A ello se une la poca información disponible y a que los currícula vigentes no abordan de manera integral y pedagógica enfermedades como el Chagas, Dengue, Paludismo, Malaria, Bilharzia, entre otras. •Falta de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos estadales y municipales. En particular la descoordinación es notoria entre gobiernos de distintas tendencias políticas, olvidando que el ciudadano tiene el derecho constitucional a vivir en un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado como derecho humano fundamental, y es el Estado quien debe velar por la plena vigencia de este derecho. •Inapropiado manejo de agroquímicos, pesticidas y fertilizantes, y poco conocimiento que rige la materia de pesticidas y/o plaguicidas en el país, lo cual puede generar consecuencias tanto para quienes administran y manipulan estas sustancias, como para los ecosistemas en los cuales son suministrados. •Falta de información fidedigna en los productos y alimentos que se comercializan, demostrado por el uso de etiquetas incompletas en información, algunas de ellas sin incluir permisos sanitarios o certificaciones ambientales, o de ser el caso, información sobre organismos modificados genéticamente (transgénicos). •Débil estructura de planes de contingencia ante desastres socionaturales, como sismos, inundaciones, incendios forestales y otros, incluyendo la falta de centros apropiadamente equipados para monitorear los fenómenos y atender a los afectados. •Ausencia de una política ambiental dirigida a favorecer un turismo ambientalmente sustentable, promoviendo la adopción de principios de ecoeficiencia en instalaciones y servicios de apoyo al sector. •Limitada inversión en investigación científica orientada a documentar la situación de la biodiversidad venezolana, así como para describir y valorar territorios poco explorados en nuestra geografía. •Emisiones atmosféricas contaminantes en las adyacencias a complejos petroquímicos como el Tablazo y Jose, referidos por algunos especialistas de especial importancia y atención, sin informes ni perfiles epidemiológicos que permitan manejar la prevención y atención de enfermedades. •Limitado control de especies exóticas en el país, en particular del Caracol Africano o el Pez León, que han sido reportados y descritos en diversas localidades de la geografía venezolana. •Limitada inversión en el manejo de las ABRAE, en particular de los Parques Nacionales, los Monumentos Naturales, los Refugios de Fauna Silvestre y el Santuario de Fauna Silvestre. La presencia de Guardaparques, Guardafaunas, Guardabosques y otros profesionales, sigue siendo insuficiente, así como la información compartida con la ciudadanía sobre nuestro patrimonio natural. •Contaminación de zonas costeras marinas y lacustres, por acumulación de residuos y desechos sólidos, disposición sin tratamiento de aguas servidas, y mal uso de combustibles y lubricantes. •Persistencia de la minería ilegal en el sur del país, en particular en La Paragua y El Caroní, con consecuencias lamentables en la calidad de los cuerpos de agua, en particular por la contaminación por mercurio. •Débil actuación ambiental de las ONG, grupos de base, asociaciones de vecinos y consejos comunales, frente a proyectos de desarrollo sin contar (aparentemente) con las evaluaciones de impacto ambiental que exige la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes que rigen la materia. •Amenaza a la integridad de algunas reservas naturales producto de la invasión, expropiación e/o intervención de diversos Hatos con vocación conservacionista o productora, cuyos planes de manejo son poco claros, o se encuentran abandonados. •Eutrofización de diversos cuerpos de agua, evidenciado por el crecimiento incontrolado de plantas acuáticas en lagos, lagunas y embalses, por causas que deben evaluarse y manejarse, a fin de no comprometer la vida útil de los mismos. •Inexistencia de un Sistema de Indicadores Ambientales articulado con los observatorios ambientales municipales que actúen como Instrumentos para el desarrollo de políticas ambientales y su Integración en otras políticas, •Inexistencia y/o falta de estímulo al desarrollo de planes nacionales de conservación de especies faunísticas como Jaguar, Manatí, Oso Frontino, Cardenalito únicas del país y de gran valor científico, cultural y nacional. Por ejemplo, en el Estado Lara en el año 2004 se promulgó la Gaceta Oficial Decreto Nº 2525 con el Plan Integral de Conservación del Oso Frontino (PICOSO) designando a una institución a desarrollar planes para su ejecución. Sin embargo hasta la fecha no se ha realizado ningún proyecto, a pesar de que investigadores de la región se han ofrecido al asesoramiento y la necesidad de la conservación de la especie en la zona. •Emisiones atmosféricas por incendios forestales y de basura en diversas regiones del país, tanto en ABRAE como en vertederos, los cuales generan no sólo gases de efecto invernadero (GEI) sino otras emisiones contaminantes perjudiciales para la salud, como Dioxinas y Furanos. •Mayor acumulación de Coque en la zona de Oriente, por el Complejo de Jose, aparentemente sin control ni supervisión estatal, regional y nacional. •Carencia de centros profesionales y de personal para la recepción, mantenimiento en cautiverio y reinserción a su hábitat natural de las especies silvestres que han sido rescatadas de manos privadas o devueltas por particulares, repercutiendo en muchos casos en el normal funcionamiento de algunos zoológicos, los cuales no cuentan con la infraestructura ni capacidad de respuesta para recibirlos. •Carencia de centros profesionales y personal para la recepción, mantenimiento en cautiverio y ubicación de especies domésticas, rescatadas o aún en abandono en muchas regiones del país. Ausencia de perreras municipales en casi todo el país y de unidades de zoonosis que controlen las poblaciones urbanas de especies domésticas. •Falta de respuesta y pronunciamiento de las autoridades ambientales del país, ante las solicitudes, planteamientos y recomendaciones formuladas por investigadores, universidades “no alineadas” y ONG, en temas ambientales claves, en particular en biodiversidad y áreas protegidas. •Poca claridad en el manejo de los pasivos ambientales en diversas regiones del país, particularmente en los estados Bolívar, Zulia, Carabobo, Monagas, Lara y Anzoátegui, sin la debida atención de las empresas públicas y privadas responsables de los mismos. •Limitada participación de los sectores científico, académico, tecnológico y las ONG en las consultas públicas promovidas por diversas autoridades, para tratar temas ambientales y proyectos normativos específicos, en especial para activar la defensa ambiental, jurisdiccional y el empoderamiento ciudadano en el uso alternativo del derecho. •Debilitamiento de la función educativa y reproductiva de los zoológicos y/o acuarios públicos, mermando el cumplimiento de sus objetivos de conservación, llegando al extremo que en algunas de las instalaciones el estado de los animales pudiera ser crítico. •Poca inversión y desarrollo de la infraestructura de conservación in situ y ex situ, en especial en materia de herbarios y/o jardines botánicos que constituirían una excelente oportunidad para la educación, la recreación y la formación especializada en materia ambiental. •Falta de preparación de la ciudadanía en torno a fenómenos naturales como movimientos telúricos, inundaciones, deslaves y otros, con lo cual se desconocen las acciones a emprender en caso de una emergencia de este tipo. •Falta de seguimiento a compromisos nacionales importantes como el Plan Nacional para la Atención de Riesgos Naturales, el Reglamento de la Ley de Aguas, y el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de la Basura •Deforestación para fines agrícolas y urbanísticos, con posibles afectaciones no sólo en la calidad de los suelos, sino en la destrucción de fuentes de agua y en la regulación climática e hidrológica donde ocurren. •Inseguridad en parques de recreación y algunas áreas naturales protegidas, que dificultan su uso por parte de usuarias y usuarios, y debilitan la propia actuación oficial en su protección. •Carencia de un sistema eficiente, automatizado y confiable de alerta temprana, que monitoree el nivel de los ríos, la pluviosidad, la velocidad del viento y otras variables climatológicas importantes, para la prevención y atención de emergencias. •Degradación de algunas cuencas, en particular del Lago de Valencia y de Maracaibo, y los ríos Limón (Aragua), Catatumbo (Zulia), Motatán (Trujillo), Tocuyo (Lara), Tuy (Miranda), Guárico (Guárico) , Guapo (Miranda), Unare (Anzoátegui y Guárico), Chama (Táchira) y Neverí (Sucre), entre otros. •Construcción de desarrollos habitacionales sin criterios de ecodiseño y ecoeficiencia, que no promueven el uso de la luz natural, la racionalidad en el consumo de agua y energía eléctrica, y el manejo responsable de sus residuos y desechos domésticos. •Pocos avances en la recuperación del Río Guaire. Los expertos consideran que no se han compartido indicadores ambientales convincentes, más allá de las inversiones y acciones tomadas en su desarrollo. •Pocos avances en la eliminación o sustitución del uso de bolsas plásticas por parte del sector comercio, el que no ha convencido con sus llamadas “bolsas oxobiodegradables” y “ecológicas”. •Destrucción de algunas tierras agrícolas por erosión, salinificación, sobreuso de fertilizantes y pesticidas, falta de control biológico integrado de plagas, entre otros. •Débil o nula promoción del uso de la bicicleta por parte de los municipios. Las ciclovías siguen siendo una panacea en la realidad de las principales ciudades de Venezuela, pese a su importancia y conveniencia. •Cacería furtiva en diversas partes del país, en particular en los Llanos, los Andes y las zonas montañosas de la Región Costera. •Consumismo incontrolado en todos los estratos de la sociedad, lo cual no sólo demanda mayor consumo de materiales, agua y energía, sino también incrementa la generación de residuos y desechos sólidos, acompañado de un gran vacío de campañas sensibilizadoras sobre el tema. •Pérdida de áreas de manglar por acción combinada de la sequía prolongada y el manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas en su área de influencia, así como también por tala ilegal para construcción de viviendas o venta de la madera, específicamente en el Edo. Zulia. •Fragmentación de algunos hábitats, producto de deforestaciones, proyectos constructivos o incendios forestales. •Debilitamiento de los museos nacionales, en particular de aquellos destinados a promover el conocimiento de las ciencias y la conservación ambiental. •Politización de algunos entes tradicionalmente técnicos en el sector ambiental, lo cual pudiera debilitar su actuación profesional y especializada en la gestión de los recursos naturales, en cualquiera de sus áreas de actuación. •Acceso limitado y restringido a la información ambiental pública, en especial de los informes generados en las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) de grandes y medianos proyectos de desarrollo urbanísticos y de vialidad. •Falta de estímulo y/o reconocimiento a la gestión conservacionista de particulares, empresas, universidades y ONG, tanto a nivel nacional como estadal y municipal. •Tímida actuación oficial frente a los ilícitos ambientales, particularmente por organismos como la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General y la Guardia Nacional Bolivariana Fuente: VITALIS 2013